Beneficios de la eficiencia energética

La actual situación de crisis económica provocada en gran medida por la pandemia de la Covid-19 ha conllevado que se busquen métodos de ahorro económico a todos los niveles. Quizás ahora sea aún más evidente, pero una de las cuestiones básicas en la que la sociedad lleva trabajando desde hace décadas es mejorar el rendimiento de sus fuentes de energía. Los motivos son diversos, pero uno debe prevalecer sobre todos los demás y es que la eficiencia energética conlleva profundos beneficios de ahorro energético a todos los niveles.

La eficiencia energética o el uso eficiente de la energía tiene como principal objetivo reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Un ejemplo muy simple es el aislamiento de viviendas que se está llevando a cabo en diferentes barrios españoles y que permiten usar menos energía, tanto para la calefacción como para la refrigeración, manteniendo una temperatura agradable. Es decir, la eficiencia energética se consigue tanto aplicando métodos aceptados para reducir las pérdidas de energía, como adoptando tecnologías o procesos de producción más eficientes. En este sentido, un buen ejemplo son el paulatino cambio de la iluminación de las viviendas, con bombillas LED, fluorescentes o la disposición de tragaluces.

Los motivos que llevan a utilizar estos métodos que mejoran la eficiencia energética son diversos. Por un lado, el más evidente, es la reducción del coste de la electricidad. Es decir, el ahorro financiero que supone para los consumidores asumir una factura eléctrica menos abultada, aún a pesar de que tengan que asumir el costo de implementar una tecnología de eficiencia energética. Por otro lado, al reducir el uso de energía también se consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera. En tercer lugar, la eficiencia energética persigue acabar con el alto consumo de energía y el uso ineficiente de la misma en más de la mitad de los países del mundo donde, además, los gobiernos incentivan mediante ayudas el alto consumo energético.

El objetivo de la reducción del consumo de energía y, al mismo tiempo, el aumento en el consumo de energía proveniente de fuentes renovables, son la base de lo que se conoce como “política de energía sostenible”. Desde mediados de la década de los 70, no son pocos los informes que inciden en estos principios y que inciden en la necesidad de “la eficiencia energética para lograr verdaderas reducciones de emisiones a bajo costo”, como advierte el informe de Viena sobre el cambio climático de 2007. Estudios que sitúan la posibilidad de reducir la factura energética en entornos industriales entre el 70% y el 90% en sistemas de iluminación, ventiladores y bombas; el 50% en motores eléctricos y el 60% en calefacción, equipos de oficina, refrigeración y electrodomésticos.

Si en entornos industriales la factura eléctrica puede ser reducida de forma evidente, también es posible hacerlo en la energía doméstica. Mejorar los hábitos en cuanto al consumo de la calefacción o del agua caliente puede reducir el gasto de energía de forma notable, sin olvidar que los electrodomésticos modernos (congeladores, hornos, estufas, lavavajillas, lavadoras y secadoras) consumen menos energía que los aparatos más antiguos. El cálculo en Europa es que si todos los hogares cambiaran sus electrodomésticos de más de diez años a nuevos es posible ahorrar anualmente veinte mil millones de kilovatios de electricidad, reduciendo además las emisiones de CO2 en 18 mil millones de kilogramos, aproximadamente.

Pero la eficiencia energética no es sólo cuestión del consumo que se hace en fábricas y viviendas. En los últimos años, diferentes países han afrontado la reforma de edificios con más de veinte años de construcción con el objetivo de mejorar su rendimiento energético. Mientras en los edificios de nueva construcción se busca mejorar su consumo energético con la utilización óptima de los materiales, no son pocos los barrios que han iniciado obras de reforma integrales de sus construcciones con el objeto de mejorar sus aislamientos y, por tanto, de reducir la factura energética.

En Europa, los objetivos para la eficiencia energética se fijaron en 1998. La Unión Europea fijó un objetivo de ahorro energético para 2020 en comparación con los niveles de 1990. Según dicha estrategia, la Unión Europea debía conseguir reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero en relación con los niveles de 1990; un 20% de reducción de consumo de energía mediante la promoción de la Eficiencia Energética y un 20% de la energía primaria consumida debía proceder de fuentes renovables. Además, el acuerdo europeo recogía un compromiso para el uso de energías renovables en el transporte y de reducción de consumo en los edificios. En el año 2014, se ampliaron y ajustaron los objetivos para 2030, estableciendo la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 40% en comparación con los niveles de 1990, incrementar al 27% la cuota de energías renovables y mejorar al menos un 20% la eficiencia energética. Sin embargo, cada país miembro es el que debe decidir cómo lograr el ahorro energético.

En España, el Plan Integral de Vivienda y Suelo, normativa aprobada el 1 de junio de 2013, obliga a que todos los inmuebles que se vendan o alquilen durante un periodo superior a cuatro meses cuenten con una etiqueta energética obtenida a través de un estudio técnico o certificación energética. La etiqueta energética de los edificios muestra una calificación en una letra que varía de la A la G en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación del edificio en unas condiciones de uso determinadas.

Pero lograr altos estándares de eficiencia energética no solo es una cuestión de emisión de CO2; también tiene que ver con el respeto medioambiental; la mayor durabilidad de los materiales empleados en la construcción, puertas y ventanas; el ahorro económico en las facturas de electricidad, gas y agua; el aumento del valor de la vivienda y un mayor confort de la misma. Sin contar con ciertos beneficios fiscales y subvenciones públicas que benefician a los edificios construidos de manera eficiente.