El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a retomar “con determinación e inmediatez” el trabajo realizado por la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico que, en 2011, impulsó en su etapa como secretario de Estado y cuyas conclusiones apenas tuvieron desarrollo tras el cambio de Gobierno.
Durante su participación en las jornadas sobre el lenguaje jurídico organizadas por el Colegio de Registradores, Campo defendió la necesidad de que el lenguaje no se convierta en un límite y defendió que “no podemos consentir que la comunicación cause un aumento en la brecha de la desigualdad, no podemos exigir a un ciudadanos que cumpla una ley que no entiende”.
El ministro, quien explicó que la comunicación debe entenderse como un bien público y “debe estar a disposición de todos, ser universal y accesible”, aseveró que “la claridad de la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y participación en las instituciones”.
“La modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico para romper los muros que la separan de la ciudadanía”, aseguró Campo, que recordó el trabajo de diagnóstico realizado ya en 2011 por los expertos y que va a permitir a la citada comisión no tener que empezar de cero, con el objeto de identificar los obstáculos que impiden establecer “una conexión directa y un diálogo fluido” con la ciudadanía. “Hoy la democracia exige transparencia y claridad, así como argumentos comprensibles y, por tanto, susceptibles de ser criticados”, advirtió el ministro, para quien ya ha sido superada la relación del ciudadano con el Estado en la que primaba la condición de súbdito, concepción que situó en “posible causa de la oscuridad del lenguaje jurídico”.
En ese sentido, recordó la necesidad de hacer cumplir la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002, pues “muchos de los derechos ahí reconocidos son, hoy por hoy, meras aspiraciones”. “Eso ocurre con el derecho a comprender, hasta ahora solo expresado en una Ley; tenemos que cambiar eso”, afirmó.
Cualquier medida que facilite la comprensión de textos jurídicos al ciudadano medio es un paso que acerca a la sociedad a sus gobernantes, dado que las decisiones políticas se ven refrendadas en las leyes aprobadas en cada legislatura. Más allá, incluso en el día a día, símplemente al recibir una notificación de la Administración, en ocasiones se hace complicado su comprensión cuando no conoces el vocabulario jurídico.
En este sentido, utilizar el lenguaje como elemento de transparencia parece una buena idea.
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